Procuraduría investiga a viceministro de Igualdad por presunto acoso sexual

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Abren investigación por violencia de género
Abren investigación por violencia de género

BOGOTÁ (COLOMBIA).  Viernes 21 de febrero de 2025  La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Nelson Lemus Cruz, viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de la Igualdad y Equidad, por supuestos actos de acoso sexual y violencia de género contra una funcionaria de la entidad.

Abren investigación por violencia de género

Según el auto de apertura de la investigación, la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa determinó que la víctima será reconocida dentro del proceso. Esto se fundamenta en la protección de los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución y en la necesidad de erradicar la discriminación y la violencia de género.

Consecuencias del caso y proceso disciplinario

De acuerdo con información pública, la funcionaria afectada habría renunciado a su cargo debido al presunto acoso sexual. Ante estos hechos, la Procuraduría busca establecer la veracidad de la denuncia y determinar si se configura una falta disciplinaria o si existen razones que excluyan la responsabilidad del funcionario investigado.

Este caso pone en el centro del debate la importancia de garantizar espacios laborales libres de violencia de género, reforzando la necesidad de mecanismos efectivos para la denuncia y protección de las víctimas.

Reacciones y medidas en el Ministerio

Tras conocerse la apertura de la investigación, sectores políticos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han exigido al Ministerio de la Igualdad y Equidad adoptar medidas contundentes para prevenir y sancionar cualquier acto de acoso sexual dentro de la entidad. La ministra ha reiterado su compromiso con la transparencia y el respeto por los derechos de las mujeres.

Además, expertos en derecho laboral y género han resaltado la importancia de fortalecer las rutas de denuncia para evitar que las víctimas de acoso se vean obligadas a renunciar, como habría ocurrido en este caso. La falta de protocolos efectivos puede agravar la impunidad y permitir la repetición de estas conductas.

 

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