BOGOTÁ (COLOMBIA). Viernes 14 de febrero de 2025 El presidente Gustavo Petro generó controversia al pedir que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, pueda salir diariamente de la cárcel bajo la Ley 2292 de 2023. Esta normativa está diseñada para beneficiar a mujeres cabeza de hogar en prisión. Sin embargo, expertos legales argumentan que Barrera no cumple con los requisitos establecidos.
¿Qué establece la Ley 2292?
La Ley 2292 permite sustituir penas de cárcel por servicios comunitarios para mujeres que sean madres cabeza de familia y que hayan cometido ciertos delitos en condiciones de marginalidad. Según la normativa, los delitos aplicables incluyen hurto y tráfico de estupefacientes con penas menores a ocho años.
Los requisitos principales para acceder a este beneficio son:
Ser madre cabeza de familia.
Haber cometido delitos contemplados en la ley.
Demostrar que el delito se cometió en circunstancias de marginalidad.
Esta mujer, al ser madre cabeza de familia esta resguardada por la ley que hizo aprobar en el congreso nuestro ministro progresista de justicia, Nestor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de justicia ante el INPEC, aplicar la ley. https://t.co/pm92V1RZJ3
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2025
¿Cumple Epa Colombia con los requisitos?
Expertos, como el profesor Norberto Hernández de la Universidad Javeriana, consideran que Barrera no califica para este beneficio. Primero, porque su pareja podría asumir el cuidado de su hija. Además, el delito por el que fue condenada, daño a bienes públicos, no está incluido en la normativa.
Por otro lado, su exabogado Omar Ocampo sostiene que la influencer sí es madre cabeza de hogar y que la Corte Suprema no consideró este factor al dictar la sentencia.
Conclusión
La solicitud del presidente Petro reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el acceso a beneficios legales. Sin embargo, la aplicación de la Ley 2292 en este caso enfrenta obstáculos jurídicos que podrían impedir su implementación.
La controversia en torno a este caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los criterios de aplicación de la Ley 2292. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado que es fundamental garantizar que las beneficiarias de esta normativa realmente cumplan con las condiciones establecidas.
Además, algunos sectores políticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que se genere un precedente que flexibilice la aplicación de la ley. Mientras tanto, el caso de Epa Colombia sigue siendo un tema de discusión tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.
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