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Contraloría imputó por malos manejos a ex gobernadores de San Andrés

PorNoticias RPTV

May 23, 2023

BOGOTÁ (COLOMBIA). Viernes 19 de mayo de 2023 (AGENCIA DE NOTICIAS RPTV). La Contraloría General de la República, imputó responsabilidad fiscal por $202.767.134.694, contra dos EPS, el Representante Legal de una IPS Pública, 3 Uniones Temporales prestadoras de servicios y tres gobernadores, por irregularidades en la atención de los afiliados en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro del año 2017 a enero de 2021. 

“Es de verdad una cifra muy fuerte para el caso de san Andrés. No es condescendiente frente a las dificultades que se han venido presentando y por esta razón nosotros queremos anunciar desde acá que este ejercicio que estamos haciendo frente a las EPS a las IPS frente a una política que tenemos de prevalencia al derecho de los pacientes la vamos a continuar haciendo en todo el territorio nacional”, apuntó el Contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Según la Contraloría, en uno de los casos, los investigados habrían recibido recursos del padres por más de $94 mil millones, lo cuales no fueron ejecutados en servicios de salud para usuarios en el archipiélago. 

En ese sentido, el organismo de control fisdcal advirtió que se giraron $16.293.645.185, por concepto de subsidio de la oferta en salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria. Igualmente encontró que se pagaron $87.172.819.868, a la IPS pública, que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias. 

Por otra parte, la Contraloría estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes. 

Por último, la Contraloría pudo constatar, que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por $633.611.856.

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