BOGOTÁ (COLOMBIA). Miércoles 6 de noviembre de 2024. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la excongresista Aída Merlano Rebolledo, declarada culpable de superar los límites de gastos permitidos en campañas electorales. Esta sentencia ratifica la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia, que en noviembre de 2022 sentenció a Merlano a cinco años y seis meses de prisión. Además, la exrepresentante deberá pagar una multa de $3.430.048.837 y enfrenta una interdicción para ejercer derechos y funciones públicas.
Encuentre en este enlace la decisión completa de la #SalaPenal de la @CorteSupremaJ que confirmó la condena impuesta por la #SalaDePrimeraInstancia a la excongresista Aida Merlano Rebolledo .
Ver comunicado y sentencia: https://t.co/uwKQhna3RQ pic.twitter.com/keiO11QOZ6— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) November 6, 2024
Aída Merlano condena: Violación de topes de campaña en las elecciones de 2018
Los hechos por los que se acusa a Aída Merlano ocurrieron durante las elecciones al Congreso de 2018. Un allanamiento en su sede de campaña reveló documentos y cheques vinculados a personas cercanas a su proyecto político. Según la Corte Suprema, estos recursos, proporcionados por los hermanos Gerlein Echeverría, se utilizaron de manera clandestina para financiar su campaña al Senado.
Aída Merlano condena: Argumentos de la defensa rechazados
La Sala Penal de la Corte desestimó los argumentos presentados por la defensa de Merlano. El tribunal concluyó que las pruebas recopiladas mostraban claramente cómo los fondos de los hermanos Gerlein se destinaron a evadir la supervisión de las autoridades. Merlano no solo omitió reportar los ingresos y gastos de su campaña, sino que también evitó designar un gerente responsable, lo que permitió que el financiamiento superara los límites legales.
Impacto en el sistema electoral
La sentencia subraya que esta violación de los topes de campaña afecta los principios de igualdad y pluralismo político, elementos esenciales del sistema electoral en Colombia. La Corte destacó que el uso indebido de recursos crea una competencia desigual y pone en riesgo la integridad de los procesos democráticos.