BOGOTÁ (COLOMBIA). Viernes 13 de diciembre de 2024. La Procuraduría General de la Nación ha emitido sanciones disciplinarias contra cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por su responsabilidad en la fuga de Aida Merlano en 2019.
Entre los sancionados se encuentra Katherine Lozano Forero, quien, como directora encargada del penitenciario El Buen Pastor, autorizó traslados clave que facilitaron la evasión de la excongresista.
Estas acciones han sido calificadas como una violación de principios fundamentales del servicio público.
La @PGN_COL sancionó con destitución e inhabilidad por 8 años a la exsubdirectora de El Buen Pastor, Katherine Lozano, y a 3 funcionarios más del @INPEC_Colombia, por facilitar la fuga de la excongresista Aida Merlano.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 13, 2024
Las sanciones impuestas por la Procuraduría
Katherine Lozano recibió la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante ocho años.
La Procuraduría suspendió por ocho años a David Alexander Álvarez, comandante de Custodia y Vigilancia, tras firmar, durante sus vacaciones, documentos que permitieron el traslado de Merlano sin medidas de seguridad adecuadas.
Además, sancionó a Diana Cecilia Muñoz Miguez, teniente en prisiones, y al dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón con suspensiones de ocho años y tres meses, respectivamente, debido a negligencias graves en sus funciones.
Irregularidades que facilitaron la fuga de Aida Merlano
El ente disciplinario comprobó que Lozano Forero aprobó traslados sin el cumplimiento de protocolos judiciales, mientras Álvarez firmó remisiones sin garantizar la seguridad necesaria.
La teniente Muñoz entregó boletas hospitalarias para procedimientos médicos no urgentes, y Ballesteros permitió interacciones indebidas entre Merlano y sus familiares en un entorno hospitalario, lo que facilitó su escape.
Calificación de las faltas disciplinarias
La Procuraduría calificó estas acciones como gravísimas, señalando dolo en los casos de Lozano y Muñoz, y culpa gravísima en el de Álvarez.
Las sanciones buscan reforzar la transparencia y moralidad en el cumplimiento de funciones públicas, según indicó el ente en su comunicado.
Aida Merlano y el fallo del sistema penitenciario
Este caso pone en evidencia fallas estructurales en el sistema penitenciario y la necesidad de reformar los protocolos de seguridad.
También expuso debilidades en la vigilancia institucional, dejando un llamado urgente para garantizar la eficacia y moralidad en el servicio público.