El caso Valeria Afanador volvió al centro de la atención nacional después de que Medicina Legal confirmara que la menor de 10 años murió por ahogamiento. El informe determinó que la niña aspiró agua y residuos de pantano, hallados en su estómago y vías respiratorias. Sin embargo, lejos de cerrar la investigación, este dictamen genera más preguntas sobre las circunstancias de su desaparición el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.
La presencia de adiposira en el cuerpo indicó que Valeria estuvo en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. A pesar de estos hallazgos, no se encontraron signos de violencia física en sus prendas ni en el cuerpo, lo que abre la puerta a nuevas hipótesis.
Responsabilidad del colegio bajo la lupa
El abogado de la familia, Julián Quintana, recordó que Valeria desapareció en las inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, un lugar que debía garantizar su seguridad. “La niña desapareció en las narices de los docentes y nadie responde. Esto es un hecho jurídicamente relevante para el derecho penal”, afirmó.
Según Quintana, la institución educativa no solo debe responder civil y administrativamente, sino también penalmente. Incluso, sostuvo que el colegio representa un riesgo para los más de 300 estudiantes que hoy continúan asistiendo a clases a menos de 50 metros del río Frío, donde apareció el cuerpo.
Voces de dolor y exigencia
Manuel Afanador, padre de la menor, expresó que su hija no pudo haber salido sola del colegio. “Conocemos tanto a nuestra hija que sabemos que no actuó sola. Hay una responsabilidad directa de la institución”, aseguró en declaraciones a Voz de Fondo Podcast.
La familia insiste en que el caso no puede quedar en la impunidad y pide que se indague sobre una posible cadena de omisiones. “Si hubieran hecho bien su trabajo, Valeria estaría viva”, agregó el abogado.
El dictamen de Medicina Legal y las dudas abiertas
Aunque el informe forense señala que la causa de la muerte fue la sumersión, familiares y juristas sostienen que no explica cómo la niña llegó hasta el río ni por qué no fue vista en cámaras de seguridad al salir del colegio. Además, resalta que en el lugar del hallazgo ya se habían realizado inspecciones previas, lo que despierta sospechas sobre si el cuerpo fue llevado allí en un momento posterior.
El propio abogado Quintana enfatizó que la necropsia “no es la última palabra”, y que la Fiscalía debe investigar a fondo si se trató de un accidente o de un delito.
Reacciones y medidas pendientes
Tras la polémica, las autoridades locales convocaron a una reunión con colegios de Cajicá para revisar protocolos de seguridad y gestión de riesgos. Sin embargo, para la familia, estas medidas llegan tarde y no garantizan justicia. “Es indolente retomar clases sin haber aclarado qué pasó con Valeria”, sostuvo Quintana.
La Fiscalía continúa con investigaciones de laboratorio y análisis técnicos, mientras la sociedad exige respuestas. El caso Valeria Afanador se ha convertido en un símbolo de las fallas en la protección de los niños y de la necesidad de reforzar la seguridad escolar en el país.
Una reflexión pendiente
El dolor de la familia se ha convertido en una denuncia más amplia: Colombia le está fallando a sus niños. La voz del padre de Valeria y la insistencia de su abogado resumen un clamor de justicia que hoy trasciende el ámbito judicial.
La pregunta sigue abierta: ¿quién fue responsable de que Valeria Afanador no regresara a casa aquel 12 de agosto?