BOGOTÁ (COLOMBIA). Jueves 12 de diciembre de 2024. La reciente caída de la Ley de Financiamiento en Colombia ha generado un fuerte impacto en el panorama económico y social del país. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha anunciado medidas compensatorias que incluyen un posible incremento del salario mínimo como respuesta a la ausencia de una reforma laboral.
El hundimiento de la Ley de Financiamiento, también conocida como reforma tributaria, ha significado un revés para el gobierno colombiano. Esta ley, que buscaba recaudar aproximadamente $9,8 billones, fue rechazada en el Congreso, generando incertidumbre financiera. Gustavo Petro, en su cuenta de X (antes Twitter), dejó claro que el camino a seguir será enfocado en un incremento del salario mínimo para proteger a los trabajadores y la economía popular.
Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo.
Casi los mismos que aprobaron ponerle el…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2024
Propuesta de Incremento del Salario Mínimo
El presidente argumentó que la falta de una reforma laboral debe traducirse en un ajuste salarial. El incremento del salario mínimo se presenta como una solución directa para compensar los vacíos que ha dejado la no aprobación de medidas económicas. Este aumento busca no solo mejorar las condiciones laborales, sino también dinamizar el consumo interno y la economía.
Además, Petro señaló que las grandes empresas y sectores como las multinacionales de combustibles fósiles han sido protegidas a expensas de la clase media y los trabajadores. Esta situación refuerza la necesidad de implementar un incremento del salario mínimo.
Consecuencias Económicas y Sociales
Si bien el incremento del salario mínimo puede beneficiar a millones de trabajadores, también podría traer retos económicos. Los críticos señalan que el aumento de costos laborales podría impactar negativamente a las pequeñas empresas. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura de priorizar el bienestar social y reducir la desigualdad económica.