BOGOTÁ (COLOMBIA). Lunes 16 de diciembre de 2024. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La funcionaria está siendo investigada por posibles irregularidades en un contrato de suministro por cerca de $10.000 millones.
Cerca de $ 10 mil millones se habrían invertido en en la compra de kits de uniformes adquiridos por la @UNGRD. La @PGN_COL abrió investigación.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 16, 2024
El contrato en la mira
El contrato, firmado para la adquisición de kits de uniformes destinados a 6.633 funcionarios y colaboradores de la UNGRD, incluyó prendas como gorras, chalecos y camibusos tipo polo.
Según los documentos del proceso, cada kit tuvo un costo promedio de $1.507.533, lo que suma un total de $9.999.466.389. Este elevado monto ha generado cuestionamientos sobre posibles sobrecostos y una gestión poco transparente en la contratación.
Acciones de la Procuraduría
Como parte de la investigación, la Procuraduría ha solicitado a la UNGRD toda la documentación correspondiente a las etapas precontractual y contractual del proceso.
Esto incluye las propuestas presentadas por los oferentes y las evaluaciones realizadas, con el fin de determinar si existieron irregularidades que pudieron afectar la ejecución del contrato.
¿Sobrecostos en los uniformes?
La publicación de los detalles del contrato ha encendido las alarmas sobre posibles sobrecostos. El valor asignado por cada kit supera ampliamente los estándares del mercado, lo que ha generado suspicacias respecto al manejo de los recursos públicos.
Esta situación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las entidades del Estado.
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La importancia de la Procuraduría de esclarecer los hechos
Este caso pone en evidencia la relevancia de garantizar la transparencia en la contratación pública y de aplicar sanciones ejemplares en caso de confirmarse irregularidades.
La investigación busca no solo determinar responsabilidades individuales, sino también prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.