La masacre en Tibú, ocurrida la noche del 15 de enero, dejó tres víctimas mortales y un niño de 10 años como único sobreviviente. Miguel Ángel López, propietario de la funeraria San Miguel; su esposa, Zulay Durán Pacheco; y su bebé de seis meses, Miguel Herney López, fueron asesinados mientras se movilizaban en un coche fúnebre. Este trágico hecho ha puesto nuevamente a Norte de Santander en el foco de la atención por su compleja situación de seguridad.
Hipótesis de la masacre en Tibú: Retenes ilegales y disputa territorial
Las primeras investigaciones señalan que el ataque podría estar relacionado con los retenes ilegales instalados por grupos armados en la vía Tibú-Cúcuta, específicamente en la vereda La Valera. Esta zona, conocida por ser un corredor estratégico con más de 42.000 hectáreas de cultivos de coca, está disputada por el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales.
George Edinson Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, explicó que estos grupos utilizan los retenes para ejercer control territorial y financiar sus operaciones ilícitas.
Inseguridad en la región fronteriza
El ataque expone la inseguridad que enfrenta la población en esta región, donde la presencia de grupos armados genera temor constante. Los habitantes exigen acciones concretas para recuperar el control de las vías y garantizar la protección de quienes transitan por ellas.
La masacre también evidencia la falta de recursos para enfrentar la violencia, una situación agravada por la cercanía con Venezuela, país que influye en la dinámica criminal de la frontera.
La comunidad exige justicia
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la comunidad clama por justicia y medidas contundentes para evitar que hechos similares se repitan. El gobierno local ha prometido intensificar los operativos en la zona y trabajar para llevar a los responsables ante la justicia.