BOGOTÁ (COLOMBIA). Miércoles 19 de febrero de 2025 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de lesa humanidad a 4 generales, 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Se les señala como responsables de 442 falsos positivos ocurridos entre 2004 y 2007. Estos hechos, graves violaciones a los derechos humanos, involucran a exintegrantes de la IV Brigada del Ejército. Según la JEP, participaron en la ejecución y encubrimiento de civiles presentados como bajas en combate.
Responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales
Los magistrados del tribunal concluyeron que existió un patrón sistemático en estas muertes ilegítimas. La investigación señala que los altos mandos militares conocían estas prácticas y las incentivaban. Buscaban mejorar los resultados operacionales y obtener beneficios institucionales.
Un paso hacia la justicia transicional
Con esta decisión, la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas de los falsos positivos. La imputación de crímenes de lesa humanidad implica que estos delitos no prescriben y que los responsables podrían enfrentar sanciones ejemplares dentro del marco de la justicia transicional.
Este proceso es clave para la construcción de memoria histórica y para garantizar que las víctimas reciban justicia. Se espera que los acusados aporten información veraz sobre los hechos y asuman su responsabilidad para acceder a beneficios dentro del sistema de justicia transicional.
El pronunciamiento de la JEP marca un hito en la lucha contra la impunidad y reafirma el compromiso del Estado con la no repetición de estos crímenes.
Contexto de los hechos
Los falsos positivos, un término utilizado para describir la ejecución extrajudicial de civiles por parte de fuerzas militares, han sido un tema de gran controversia en Colombia.
Durante los años más intensos del conflicto armado, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que miembros del Ejército Nacional presentaban a personas inocentes como guerrilleros muertos en combate para demostrar supuestos éxitos en la lucha contra los grupos armados ilegales.
El modus operandi consistía en engañar a las víctimas con promesas de empleo o beneficios económicos, trasladarlas a zonas de conflicto y posteriormente asesinarlas. En muchos casos, los cuerpos eran vestidos con uniformes militares y presentados como bajas legítimas en operativos oficiales. Este esquema criminal permitió a los responsables obtener ascensos, recompensas y otros beneficios dentro de la institución castrense.
Las investigaciones de la JEP han sido fundamentales para esclarecer la magnitud de estos crímenes y determinar las responsabilidades individuales y colectivas. Con la apertura de este caso, se espera que se brinde justicia a los familiares de las víctimas y se establezcan medidas efectivas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
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