BOGOTÁ (COLOMBIA). Miércoles 19 de febrero de 2025 El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su posible participación en actos de corrupción.
Los delitos que se le atribuyen incluyen prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. La imputación se realizó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando Ruiz Aguilar se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia, Caquetá. Según las indagaciones, habría alterado el estatuto interno del centro asistencial sin autorización, lo que le permitió realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre agosto y octubre de 2022.
Cobros irregulares y documentos falsificados
Las pruebas recolectadas sugieren que el hoy imputado gobernador de Caquetá también modificó el artículo 35 del estatuto del hospital para eliminar el requisito de aval del gobernador en la asignación de comisiones de servicio. Esta alteración le permitió gestionar el pago de viáticos sin autorización, sumando un total de 56’357.379 pesos por concepto de viajes y comisiones.
Ruiz Aguilar negó los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que la investigación sigue en curso para determinar su responsabilidad en estos presuntos actos de corrupción. La situación ha generado un fuerte debate en Caquetá, donde ciudadanos y sectores políticos exigen transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Este caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se tomen nuevas decisiones judiciales sobre la situación del imputado gobernador de Caquetá.
Reacciones y repercusiones políticas
La imputación del gobernador ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores exigen su destitución inmediata, otros argumentan que debe respetarse el debido proceso antes de tomar medidas definitivas. La Asamblea Departamental de Caquetá ha solicitado una sesión extraordinaria para debatir el impacto de este caso en la administración regional.
Por su parte, la Contraloría General de la República anunció que también adelanta una auditoría especial al Hospital Departamental María Inmaculada para verificar posibles irregularidades adicionales. Este proceso busca determinar si existieron más actos de corrupción durante la gestión de Ruiz Aguilar y si otros funcionarios podrían estar involucrados en los hechos investigados.
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