BOGOTÁ (COLOMBIA). Viernes 24 de enero de 2025 La crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, sigue en aumento. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que la violencia ha obligado a desplazarse a más de 36.000 personas.
La violencia y el desplazamiento forzado en Catatumbo
Este fenómeno afecta principalmente a comunidades rurales, donde los riesgos de confinamiento se han intensificado debido a la presencia de grupos armados ilegales.
El Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de la región confirmó que hasta la fecha se han identificado 36.139 personas desplazadas. Este desplazamiento forzado refleja el grave impacto del conflicto en la zona, donde la inseguridad sigue en aumento.
Consecuencias del conflicto en la población civil
El incremento de la violencia en el Catatumbo ha dejado al menos 80 homicidios, afectando a diversas comunidades. Líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, niños y niñas han sido víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos.
A pesar de los esfuerzos por rescatar a los afectados, muchas personas siguen atrapadas en sus territorios. Algunas comunidades han logrado salir en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales, mientras que otras permanecen bajo el control de actores armados.
A continuación se reporta una actualización de cifras sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo: 👇🏽
1. Desplazamiento forzado
De acuerdo con información entregada por el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander, a la fecha se han identificado…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 23, 2025
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la necesidad de una intervención urgente para garantizar la seguridad de la población y mitigar el impacto de esta crisis humanitaria. Se requiere una respuesta efectiva para proteger a las víctimas y restablecer el orden en la región.
El conflicto en el Catatumbo sigue generando más de 36.000 desplazamientos forzados, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad. La comunidad internacional y el Estado deben reforzar sus esfuerzos para frenar la violencia y garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de esta región.
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