BOGOTÁ (COLOMBIA). Miércoles 20 de noviembre de 2024 En 2023, el uso de minas antipersona en Colombia alcanzó cifras alarmantes, duplicándose hasta los 895 incidentes. De ellos, el 72 % fue atribuido a las disidencias de las Farc, según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL). Este preocupante aumento refleja la continua amenaza que representan estos explosivos, a pesar de estar prohibidos por tratados internacionales como el de Ottawa, al cual Colombia está suscrita.
Impacto y respuesta ante las minas antipersona
Durante los primeros nueve meses de 2024, se registraron 537 incidentes, de los cuales 393 fueron responsabilidad directa de las disidencias de las Farc. Otros 102 se atribuyeron al ELN, mientras que grupos armados no identificados y organizaciones criminales también participaron en este tipo de actividades. Aunque el número de víctimas ha disminuido drásticamente en comparación con 2006, cuando se registraron 1.228 casos, el riesgo persiste en regiones vulnerables.
En 2023, las autoridades limpiaron 1,73 kilómetros cuadrados de minas y destruyeron 339 artefactos explosivos. Sin embargo, todavía quedan 4,47 kilómetros cuadrados contaminados, lo que evidencia la necesidad de intensificar las labores de desminado y prevención.
Un desafío nacional e internacional
El uso de minas antipersona no solo afecta a Colombia, sino también a países como Birmania, Pakistán e India, donde estos artefactos son empleados por grupos no estatales. Es fundamental reforzar los compromisos internacionales y nacionales para erradicar el uso de minas, proteger a las comunidades y avanzar hacia un territorio libre de este peligro. La lucha contra estos explosivos requiere una acción colectiva y sostenida para garantizar la seguridad y el desarrollo en las zonas más afectadas.
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El impacto de las minas antipersona en Colombia trasciende las estadísticas, afectando directamente a las comunidades rurales donde estos artefactos representan una amenaza diaria. Estas explosiones no solo generan víctimas mortales y heridos, sino que también restringen el acceso a tierras agrícolas, escuelas y servicios básicos, profundizando el aislamiento de las regiones más vulnerables. A pesar de los esfuerzos de desminado, el temor al hallazgo de minas sigue frenando el desarrollo local, dejando a muchas familias atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia.
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