BOGOTÁ (COLOMBIA). Lunes 16 de diciembre de 2024. La Procuraduría Regional de Antioquia ha generado una polémica decisión al aceptar la recusación presentada contra el secretario de Seguridad de Medellín. Esto significa que será el presidente Gustavo Petro quien deberá nombrar un alcalde ad hoc para sancionar a técnico de Nacional, Efraín Juárez, por los hechos ocurridos el pasado 17 de noviembre en la Copa BetPlay.
Atención, el Presidente Petro tendrá que nombrar un alcalde adhoc para definir lo relacionado con la sanción al técnico de Nacional, Efraín Juárez. Ni el alcalde Federico Gutiérrez ni el secretario de gobierno podrán pronunciarse sobre el particular https://t.co/4dGgPTbrW0
— Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) December 16, 2024
¿Por qué un alcalde ad hoc es necesario?
La controversia comenzó cuando la inspectora asignada impuso una sanción de 36 meses sin acceso a estadios y una multa de 26 millones de pesos al técnico Efraín Juárez. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la sanción como desproporcionada, lo que generó la recusación contra el secretario de Seguridad. Al aceptarse la recusación, se requiere un alcalde ad hoc para sancionar a técnico de Nacional, designado directamente por el presidente Petro.
Procedimiento legal y la intervención del Gobierno Nacional
Desde la aprobación de la recusación, el proceso fue escalado al Gobierno nacional. Ahora, la responsabilidad recae en el presidente Gustavo Petro, quien deberá designar un alcalde ad hoc para resolver la apelación. Este nuevo funcionario asumirá la decisión en segunda instancia, asegurando que la sanción cumpla con la Ley del Fútbol y sea aplicada de manera justa.
Fecha estimada para la decisión final
Según fuentes cercanas, el nombramiento del alcalde ad hoc podría concretarse antes de finalizar el año. De este modo, el proceso para sancionar o reconsiderar la sanción al técnico de Atlético Nacional avanzaría en los primeros meses del 2025.
La designación de un alcalde ad hoc para sancionar a técnico de Nacional marca un precedente en los procesos disciplinarios deportivos. Este caso evidencia la importancia de la intervención gubernamental para garantizar decisiones imparciales y alineadas con la legalidad vigente.