BOGOTÁ (COLOMBIA). Miércoles 6 de noviembre de 2024. El electo presidente Donald Trump ha prometido expulsar a todos los migrantes indocumentados a lo que llamó “la mayor operación de deportación interna de la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, la viabilidad de esta propuesta genera dudas. Las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional señalan que en Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados. Un 79% de ellos ingresó antes de 2010, y aunque algunos logran regularizarse, el flujo de nuevos migrantes continúa.
“No somos criminales”: ola de migrantes parte de #Chiapas, hacia 🇺🇸. Luego de conocer el triunfo de #DonaldTrump en la elección presidencial, integrantes de la caravana dijeron que pretenden llegar antes que asuma el poder y endurezca las políticas contra los #migrantes. pic.twitter.com/01UIsFq8LC
— Realidades de Chiapas (@RealidadChiapas) November 7, 2024
Obstáculos para la expulsión masiva de migrantes de Donald Trump
La implementación de un plan de deportación masiva como el que propone Trump enfrentaría múltiples desafíos. En primer lugar, se necesitarían vastos recursos económicos y humanos para ejecutar una operación de tal magnitud. Especialistas en temas migratorios destacan que un proceso de estas características afectaría no solo a migrantes sin papeles, sino también a aquellos con estatus legales temporales que esperan decisiones judiciales sobre su permanencia en el país.
Falta de detalles en la propuesta de Donald Trump de expulsar migrantes
Uno de los aspectos que genera más inquietud es la ausencia de detalles en el plan de Trump. Aunque ha enfatizado la necesidad de “detener la invasión de la frontera sur” y ha vinculado a los migrantes con riesgos para la seguridad nacional, no ha explicado cómo se llevaría a cabo la selección de los individuos para la deportación. Esta retórica, que algunos consideran xenófoba, ha alimentado tensiones y contribuido al aumento de la violencia contra las comunidades migrantes.
Implicaciones sociales y legales
Un plan de deportación masiva no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y legales. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de violar derechos fundamentales y crear una atmósfera de temor entre los migrantes. Además, expertos señalan que tales acciones podrían afectar la imagen internacional de Estados Unidos y sus principios de justicia y equidad.