BOGOTÁ (COLOMBIA). Lunes 15 de julio de 2024. La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan, ambos miembros de la Policía Nacional en Urabá, por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo.
Según las investigaciones, los dos policías realizaron acuerdos con esta organización criminal a cambio de beneficios económicos.
La investigación
Hernández, según la entidad, utilizando su posición y funciones, habría establecido un acuerdo con la subestructura “Carlos Vásquez” del Clan del Golfo para proporcionar información periódica sobre las operaciones y presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.
Montero, mientras servía como secretario en la subestación de Policía del municipio de Mutatá, habría colaborado indirectamente al facilitar la no intervención en las actividades ilícitas del grupo armado.
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El proceso de la investigación
El periodo investigado abarca desde marzo de 2018 hasta junio de 2019, durante el cual Montero presuntamente recibió pagos quincenales por sus servicios.
Bajo la lupa:
Esta acción de la Procuraduría subraya el compromiso de las autoridades por erradicar la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y garantizar que los responsables de actos ilícitos enfrenten las consecuencias de sus acciones.
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