BOGOTÁ (COLOMBIA). Lunes 12 de agosto de 2024 La retención de al menos 60 soldados del Ejército Nacional en San José del Guaviare, atribuida a un grupo autodenominado “guardias campesinas”, ha desencadenado una disputa entre el Ministerio de Defensa y el equipo negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC.
Conflicto Sociopolítico, No Operación de Disidencias
Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias, negó que la retención de los soldados sea parte de una operación militar coordinada por un bloque disidente liderado por alias ‘Calarcá’.
En declaraciones ofrecidas durante una entrevista a un medio nacional, González Posso explicó que esta situación se debe a un conflicto social en la región, no a una acción militar.
“La información que tenemos proviene de Naciones Unidas, el alcalde y la Defensoría del Pueblo.
Este grupo de campesinos está pidiendo que la fuerza pública se retire. No podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente”, afirmó González Posso.
El negociador también señaló que las comunidades implicadas han dejado claro que no quieren un enfrentamiento armado en sus territorios. Este punto, según él, es clave para entender lo que está ocurriendo.
Discrepancias entre el Ministerio de Defensa y el Equipo Negociador
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había advertido que la retención de los militares podría poner en peligro el cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá.
Sugirió que podría haber un vínculo entre los campesinos y los grupos armados. Sin embargo, González Posso cuestionó esta interpretación.
Según él, el gobierno debe concentrarse en analizar las causas del conflicto social en Guaviare.
“El hecho concreto es cómo se resuelve el conflicto donde hay un grupo de civiles en una actitud irregular.
Eso se resuelve mediante el diálogo”, afirmó el jefe negociador, enfatizando la importancia de la mediación y el diálogo en lugar de acciones punitivas que podrían agravar la violencia en la región.
Preocupaciones por Extorsiones en el Meta y Guaviare
La disputa continúa porque en otro punto de la entrevista, González Posso abordó las inquietudes de los comerciantes de Mesetas y otros municipios del Meta y Guaviare, quienes han denunciado extorsiones y presiones por parte de las disidencias.
A pesar de la existencia de un mecanismo de monitoreo y verificación, el negociador reconoció que estas prácticas persisten, lo que podría amenazar el proceso de cese al fuego.
“La única cosa que le corresponde a la autoridad es perseguir el delito, perseguir el crimen, perseguir la extorsión.
No hay ningún protocolo o cese al fuego que pueda oponerse a esa acción del Estado”, concluyó González Posso. La disputa continúa
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