El presidente Donald Trump ha redoblado sus esfuerzos por implementar políticas de deportaciones más estrictas, enfrentándose a las llamadas “ciudades santuario” y a las autoridades locales que rechacen cooperar con sus órdenes. Estas acciones incluyen posibles juicios y la creación de un grupo de trabajo para supervisar el cumplimiento de las normativas federales sobre inmigración.
La estrategia de Trump contra las ciudades santuario que se nieguen a las deportaciones
Según un memorando emitido por el fiscal general interino Emil Bove, las leyes federales prohíben a los actores estatales y locales resistirse u obstruir las órdenes migratorias. Bove afirmó que el Departamento de Justicia investigará cualquier conducta que pueda ser considerada obstrucción, lo que podría llevar a acusaciones legales contra las autoridades locales que incumplan estas normativas.
México enfrentará “un tsunami humanitario” por las deportaciones masivas de #migrantes con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
La postura del gobierno mexicano frente al problema es la correcta, señaló rector @IberoPuebla pic.twitter.com/Hqoq7ImGYM
— ArrobaNoticias (@ArrobaNoticias) January 22, 2025
El gobierno de Trump ha señalado específicamente a las ciudades santuario, muchas de las cuales están bajo control demócrata. Estas ciudades limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, protegiendo a migrantes en situación irregular. Para contrarrestar esto, se ha formado un grupo de trabajo que evaluará las leyes y políticas locales consideradas inconsistentes con las iniciativas migratorias del ejecutivo.
Políticas migratorias extremas
Entre las medidas anunciadas por Trump tras asumir el cargo, destacan la proclamación de una emergencia nacional en la frontera con México, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y la promesa de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país. Estas acciones han provocado tensiones con las ciudades que han adoptado políticas para proteger a los migrantes.
Impacto en la seguridad nacional
Bove argumentó que las leyes y políticas que dificulten las iniciativas migratorias representan una amenaza directa para la seguridad pública y nacional. Según el memorando, estas normativas impiden compartir información crítica con las autoridades federales, lo que compromete las actividades de aplicación de la ley migratoria.